El abuso policial es un tema preocupante en el estado de Yucatán que, a la vez se conoce como uno de los "más seguros" del país. La realidad de este paisaje construido en una burbuja se desmorona cuando se leen los casos de violaciones, golpizas y muertes que ocurren dentro de las cárceles del estado.
En Celestún más de 50 policías fueron a desalojar a una abuelita de la casa que habitó por más de 40 años. Según mencionan algunas fuentes, la víctima le pidió dinero prestado a su sobrina, pero ésta la engañó para que firmara unos documentos donde entregaba su casa. No había razón para que un gran número de policías ejecutaran una orden, cuando esa fuerza podría destinar a los cientos de robos y casos de narcomenudeo que ocurren todos los días.
En la manifestación en solidaridad con Sitilpech, cuatro personas fueron detenidas arbitrariamente al final de la megamarcha. Se reportó que tienen raspones, golpes y heridas causados por las agresiones de la policía. Kanan Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y la Democracia e Igualdad comunicaron la situación y hasta ahora la policía no ha dado una explicación al respecto y como es de esperar, seguro no lo hará.
La crueldad no conoce barreras y en Progreso, en 2020, unos policías golpearon brutalmente a una mujer y su pareja mientras fueron detenidos arbitrariamente. La mujer estaba embarazada y la golpiza le provocó un aborto. Cuando estaba en la cárcel le negaron atención médica inmediata sabiendo su estado.
El caso de José Eduardo sigue siendo muestra del abuso policial que ejercen algunos oficiales. El joven veracruzano caminaba por las calles de Mérida cuando fue detenido por la policía. Mientras estaba en la cárcel fue golpeado, abusado sexualmente y no recibió asistencia médica urgente, después murió.
Aunque la madre del joven puso una denuncia contra los policías, éstos fueron apresados y liberados después, porque según, no había suficientes pruebas en su contra. Todo esto demuestra que hasta las autoridades encubren este tipo de situaciones.
En Realidad, estos casos demuestran que ni la Fiscalía del Estado ni las instituciones correspondientes le dan la atención necesaria a las víctimas ni a sus familiares cuando se trata de abuso policial. Entre el 2007 y en 2021 se presentaron más de 600 quejas por violación a los derechos humanos, pero solo 24 se han tratado de tortura, según dijo la Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
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